La guerra contra las drogas y la Carta de Derechos estadounidense

Por: Radley Balko



En enero, la Corte Suprema de EE.UU. decidió que si uno es detenido por un policía por andar por encima del nivel permitido de velocidad o por no tener el cinturón de seguridad puesto, los policías tienen la autoridad de investigar el carro de uno con perros rastreadores de drogas sin estar violando la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense.

En la página de Internet Voloch Conspiracy, Orin Kerr indica que el Juez Paul Stevens, escribiendo en nombre de la mayoría de la corte, indicó que la Cuarta Enmienda no protege en contra de violaciones de privacidad o invasiones, pero en contra de violaciones a la propiedad privada. Como uno no puede tener derechos de propiedad sobre drogas ilícitas, una búsqueda no podría violar la Cuarta Enmienda.

Esto constituyó un precedente preocupante. Es difícil ver como cualquier búsqueda policíaca podría violar cualquier derecho bajo la decisión del Juez Stevens, siempre y cuando la búsqueda resulte en el descubrimiento de algo ilegal, lo cual socava la esencia de la Cuarta Enmienda.

Este caso fue el más reciente de varias decisiones de la corte y legislación que ha estado erosionando poco a poco los derechos de justicia criminal de los sospechados de abuso de sustancias. Nuestro sistema de justicia está rápidamente convirtiéndose en uno de dos clases—una en la que hay un grupo de protecciones criminales para los acusados por abuso de drogas y alcohol, y otra en la que hay un grupo de protecciones más amplias para el resto de las personas.

En Diciembre del 2004 en Virginia, Dr. William Hurwitz, médico especializado en dolores, fue condenado por docenas de cargos por distribución de drogas. Fiscales y las personas del jurado que lo condenaron concedieron que Hurwitz no participó a sabiendas en un comercio de droga, pero porque algunas de las medicaciones para el dolor que el prescribió fueron vendidas en el mercado negro, él era, sin embargo, culpable y podría estar recibiendo una sentencia de cadena perpetua. Comprobar la intención—como lo es requerido para una convicción por casi cualquier otro crimen—aparentemente no era necesario.

La guerra contra las drogas ha estado erosionando los derechos protegidos en la Carta de Derechos desde su inicio. Por ejemplo, las leyes de confiscación de bienes permiten que los bienes de los comerciantes de droga sean confiscados antes de que éstos sean declarados culpables de crimen alguno. Aunque el acusado sea librado de sus cargos, la mera presencia de una sustancia ilícita en un carro u hogar podría significar la pérdida de dicha propiedad, de acuerdo al principio legal extraño de que la propiedad puede ser culpable de un crimen.

Gracias a las leyes de sentencias mandatarias mínimas, un juez en Utah recientemente no tuvo otra alternativa que condenar a un comerciante de marihuana—el cual había comerciado drogas por primera vez—a 55 años en la cárcel (tenía una pistola atada a su tobillo durante su primera y única transacción ilegal, aunque nunca la usó). Frustrado pero atado por las leyes en contra de las drogas, el juez en este caso indicó que tan solo unas horas antes, él había sentenciado a un asesino convicto a 22 años en la cárcel por haber agolpado a una mujer anciana con un tronco hasta matarla. Las cortes han creado una “excepción de guerra contra las drogas” dentro de la Carta de Derechos para varias situaciones de búsquedas y confiscaciones, privacidad, intervención de las conexiones telefónicas, abrir su correo, y para el posse comitatus—el uso prohibido de las fuerzas militares estadounidenses para asuntos policíacos domésticos.

La otra área donde las protecciones criminales están siendo erosionadas en pos de la histeria por el abuso de sustancias es en los casos de Manejo Bajo La Influencia o Manejo Durante Intoxicación.

El ejemplo más notable es el caso de 1990, Michigan vs. Sitz, donde la Corte Suprema decidió que el problema de manejo bajo la influencia era tan generalizado, que la Corte podría permitir “puntos de chequeo fortuitos” en los que los policías detendrían a los conductores sin causa de probabilidad y les harían exámenes de aliento, una práctica que de otra manera violaría una vez más la Cuarta Enmienda.

La Corte desde ese entonces ha decidido que la urgencia del manejo en estado de ebriedad le da a los estados la opción de erosionar mediante leyes los derechos del conductor bajo la Sexta Enmienda, la cual da derecho a un juicio con un jurado y también violaría la Quinta Enmienda, la cual protege en contra de la auto-incriminación. En el 2002, la Corte Suprema de Wisconsin, decidió que los policías podían obtener sangre a la fuerza de cualquier persona sospechada de conducir bajo la influencia. Otras cortes han decidido que los fiscales no están obligados a proveer a los acusados con muestras de sangre o exámenes de aliento para realizar exámenes independientes, aunque ambos puedan ser realizados relativamente fácil.

Las legislaturas estatales han agravado el problema aprovechándose de la confusión de las cortes. El estado de Washington acaba de pasar dos leyes notables por su desdén hacia todo lo que nuestro sistema de justicia criminal se supone que debe defender. La primera ley instruye a los jurados de los casos de manejo bajo la influencia que consideren la evidencia bajo “una luz más favorable hacia la fiscalía”, un estándar que es claramente inaudito en cualquier otra instancia dentro de la ley criminal. La segunda ley decreta que los exámenes de aliento sean admisibles, sin importar las condiciones—aún cuando la defensa pueda comprobar que la máquina para realizar el examen estaba dañada, o que ésta haya sido manipulada para obtener resultados más altos.

El año pasado, las autoridades estatales le confiscaron su licencia a Keith Emerich de Pennsylvania luego de que él le reveló a su doctor durante una visita a emergencia que en algunas ocasiones el se toma seis cervezas en un día. Su doctor lo reportó. Emerich no fue acusado de manejo bajo la influencia. Con una cuestionable interpretación del principio de “presunción de la inocencia”, Emerich debe probar ahora al estado que el no maneja bajo la influencia antes de que pueda serle devuelta su licencia.

Más y más estados están aprovechándose de la exención a un juicio con jurado otorgada por la Corte Suprema a los sospechados de Manejo Bajo la Influencia o Manejo Durante la Intoxicación, particularmente en estados donde los jueces son elegidos y no nominados. Eso, por supuesto, es porque los jueces elegidos que son percibidos como insuficientemente duros con dichos acusados podrían ser el blanco de ataques por su “debilidad” durante campañas para re-elección.

Aunque ninguna ley de este tipo ha sido firmada todavía, algunas legislaturas estatales han considerado legislación que demandaría que haya sistemas de ignición para probar el aliento en todos los carros vendidos por el estado. La versión de Nuevo México requeriría que todos los conductores soplen en un tubo antes de prender su carro, y luego otra vez cada diez minutos mientras manejen. Los conductores por sobre del límite legal no podrían prender sus carros o, si ya están en la calle, recibirían un corto tiempo para parquear su carro en la vereda. Sistemas de computación abordo mantendrían la información de cada examen, la cual los centros de servicio obtendrían una vez al mes aproximadamente y mandarían a los policías para realizar una evaluación.

El problema, como lo dijo Thomas Jefferson, es que el proceso natural de las cosas es que la libertad ceda y el gobierno gane espacio. Se necesitaría a un político particular y valiente que se atreva a decir que necesitamos poner en retroceso o reconsiderar nuestras leyes en contra de las drogas, o que es injusto darle a los acusados por asesinato o violaciones más derechos que los que le damos a los acusados por Manejo Durante la Intoxicación. Pero eso es exactamente lo que tiene que suceder.